Venezuela: Parcialmente libre, según el Informe 2015 de Freedom House sobre libertad en la red

Éste es un resumen analítico del Informe Anual de Freedom House sobre Libertad en la Red, capítulo Venezuela, elaborado por Luis Rendueles.

De acuerdo con el informe anual de Freedom House sobre la libertad en la red, el cual analiza país por país el estado del acceso a Internet cada año, durante 2015 el gobierno venezolano incrementó sus esfuerzos por mantener control sobre los medios de comunicación, tomando medidas como el bloqueo arbitrario de sitios web y la detención de usuarios de internet a causa de sus conductas en línea, en el marco de leyes amplias y de redacción vaga que prohíben cualquier contenido que “amenace al orden público o promueva la zozobra”. Otras limitaciones se derivan de restricciones financieras, que limitan las inversiones en telecomunicaciones y dan lugar a acceso deficiente y conexiones de mala calidad.

Aun cuando el gobierno aprieta su control sobre los medios, neutralizando la producción de nuevos recursos, ha lanzado medios pro-gobierno y restringiendo el acceso a divisas extranjeras necesarias para importar el papel para imprimir periódicos, los ciudadanos han continuado creando vibrantes comunidades y discusiones a través de los medios digitales y las redes sociales. El último año marcó la creación de nuevos emprendimientos digitales, que agregarán voces diversas al panorama digital. Mientras tanto, algunos de los usuarios de redes sociales más activos de la región, continúan batallando contra las carencias continuas de productos en medio de la crisis que viven.

Obstáculos contra el acceso:

Disponibilidad y facilidad de acceso

En Venezuela la calidad de las conexiones es lenta debido a las frecuentes fallas del servicio que limitan el acceso al internet. El problema se ve agravado en las zonas rurales a pesar de algunas iniciativas de parte del gobierno para expandir el acceso a la misma. Esta limitación ha sido consecuencia del control cambiario que ha obstaculizado las inversiones privadas en la infraestructura de las telecomunicaciones.

Según estudios, se estima que la penetración de la Internet aumentó, lo cual sitúa la tasa de penetración en Venezuela en un valor promedio regular para la región.  Sin embargo, el crecimiento del mercado de banda ancha se ha desacelerado a medida que la economía ha empeorado. El aumento en el uso de las conexiones a través de teléfonos móviles, junto a leyes que obstaculizan el acceso ha contribuido a que usuarios utilicen en su mayoría conexiones celulares, que proporcionan una velocidad mayor frente a las conexiones fijas.

El gobierno ha hecho un esfuerzo por incrementar las conexiones, lanzando un plan para conexiones gratis en espacios públicos, sin lograr los resultados esperados. Mientras tanto, la red nacional de transporte, un plan ambicioso de parte de la CANTV para tender cerca de 20.000 km de cable de fibra óptica, está progresando muy lentamente.

Restricciones a la capacidad de conexión

Las frecuentes fallas en el servicio de internet durante controversias políticas levantan sospechas de que el gobierno ha restringido el acceso a la Internet para evitar movilizaciones por parte de los ciudadanos.

Durante el primer trimestre del 2015, aumentaron la frecuencia de las fallas en el servicio de Internet. Expertos señalan que estas interrupciones se deben a la falta de mantenimiento e inversiones en la plataforma de telecomunicaciones del Estado.

El mercado ICT

En la actualidad, el Estado domina el mercado ICT ya que en su mayoría los ciudadanos utilizan el servicio nacional para acceder a este mismo. El estricto control cambiario sobre las divisas ha conllevado al deterioro de sus servicios y ha erigido una barrera sustancial contra el surgimiento de nuevas compañías de telecomunicaciones.

El proveedor del Estado CANTV el único que ofrece conexiones ADSL, dominando el mercado fijo de banda ancha en su totalidad, y mediante Movilnet provee el servicio de internet a la telefonía celular con una tasa de mercado de alrededor del 50%.

Además de ser el operador líder de telecomunicaciones en Venezuela, el Estado también controla el ente responsable de regular y otorgar licencias al sector de las telecomunicaciones. La Ley Resorte otorga al Estado el poder de regular el bloqueo de contenido y sancionar a los proveedores del servicio, el cual ha realizado esas acciones sin seguir el debido proceso.

Límites sobre el Contenido:

Bloqueos y filtros

El ente regulatorio gubernamental CONATEL ha bloqueado gran cantidad de páginas en internet, incluso sin seguir el procedimiento jurídico que esto amerita, siendo las páginas que publicaban el cambio del dólar en el mercado paralelo, en su mayoría, los sitios bloqueados. La censura por parte del gobierno también se extendió a los sitios de noticias con contenido político. Por tomar un ejemplo, el canal de televisión NTN24 fue censurado por su cobertura crítica en contra del gobierno venezolano. Las entidades públicas repetidamente han rehusado entregar información pública a la población, que ha tomado el rumbo de los medios alternativos a través de plataformas como Youtube.

Por parte del Estado venezolano, CONATEL bloqueó imágenes de Twitter en febrero del 2014, entre amplias protestas contra el gobierno, así como la página web Pastebin, que hasta los momentos de haberse realizado el informe seguía estando bloqueada.

Remoción de Contenido

La Ley Resorte establece la responsabilidad de los medios por el contenido publicado en sus sitios web y le otorga a CONATEL la facultad de penalizar por violar la ley. Este marco legal ha resultado en autocensura y censura por adelantado del contenido, evitando publicaciones que contradigan al gobierno.

Los observadores de Freedom House han comentado acerca de la desaparición de información políticamente sensible en la versión web de medios anti-gobierno.

Los medios, la diversidad y la manipulación de contenido

El gobierno venezolano domina el panorama de los medios digitales neutralizando los medios alternativos a través de la censura. Mientras tanto, la censura y la autocensura han afectado el pronunciamiento de personas que son críticas del gobierno, teniendo como consecuencia detenciones arbitrarias hacia éstos.

Las limitaciones impuestas a los medios fuera de la Internet a través de las restricciones sobre los medios impresos y el acceso a las divisas extranjeras, así como las amenazas de acciones legales, han empujado a muchos periodistas a la esfera digital, donde han lanzado emprendimientos digitales en años recientes. A medida que las discusiones políticas se mudan a la red, el gobierno ha buscado expandir su presencia digital. Algunas redes sociales especializadas han detectado y denunciado el uso de bots y cuentas ficticias para diseminar tweets a favor del gobierno.

Activismo digital

Los venezolanos en los últimos años han estado muy activos en las redes sociales. Tanto los simpatizantes pro-gobierno como los líderes de la oposición han organizado grandes campañas en redes sociales, en su mayoría para realizar denuncias de derechos humanos, acceso a la información, y movilizaciones en las calles del país desde febrero del año 2014.

Violaciones de los derechos de los usuarios:

Entorno legal

La Constitución venezolana garantiza la libertad de expresión y la libertad de comunicación, a la vez que prohíbe el anonimato. El gobierno ha aprobado una serie de leyes y reglamentos que limitan este derecho en la red. En el año 2010, la Asamblea Nacional enmendó la Ley Resorte para incluir regulaciones sobre los medios, prohibiciones difusas sobre el contenido que otorgan a las autoridades el poder para restringir la libertad de expresión.

Los activistas y periodistas también han enfrentado cargos de difamación según el Código Penal, penalizando por difamación contra funcionarios públicos, publicación de información falsa y atentados contra la seguridad nacional.

Enjuiciamientos y detenciones por actividades en la Internet

En los últimos años ha incrementado el número de arrestos de usuarios de redes sociales detenidos de manera arbitraria, por largos períodos de tiempo sin debido proceso, y algunos siguen bajo custodia en los servicios de inteligencia del país. En mayo del 2015, el gobierno acusó a 22 directores de medios de difamación y les prohibió salir del país después de que tres grandes medios re-publicaron un artículo de opinión originalmente publicado en el periódico español ABC.

También se han realizado detenciones para prevenir que los usuarios graben información que pueda ser embarazosa para el Estado. El gobierno de Nicolás Maduro ha intentado suprimir información sobre las muy largas colas para comprar productos básicos, para evitar la difusión del alcance de la crisis económica.

Vigilancia, privacidad y anonimato

Las actividades de vigilancia y contra-inteligencia del gobierno se han incrementado desde la creación del CESPPA en el 2013, un ente especial encargado de monitorear y vigilar las redes sociales y demás información en la red como prioridad en el plan de gobierno de Nicolás Maduro.

Hasta los momentos de haberse realizado el informe, no hay casos conocidos de acciones gubernamentales para restringir el acceso a herramientas digitales que aseguren la privacidad de las comunicaciones. Adicionalmente, las leyes venezolanas, tales como la Ley Especial Contra Delitos Informáticos y la Ley para Proteger la Privacidad de las Comunicaciones, garantizan la privacidad de las comunicaciones. En la práctica, no obstante, las autoridades no han aplicado estas leyes de forma uniforme en aquellos casos donde los activistas han realizado demandas por esta protección de conformidad con la ley.

La falta de revisión independiente por parte del regulador de medios del país ha levantado preocupaciones acerca de la facilidad con la cual es posible implantar vigilancia sistemática sobre el contenido. Un reciente estudio de Citizen Lab ofreció evidencia de que Venezuela es un cliente de Blue Coat Systems, una compañía de seguridad en computación usada a menudo por gobiernos autoritarios para monitorear, espiar y censurar las redes.

Las ONGs venezolanas denunciaron a ciertos funcionarios gubernamentales por intervenir sus comunicaciones privadas luego de haberse divulgado información públicamente sobre conversaciones de su personal, información que sólo era posible obtener interceptando las comunicaciones privadas.

Intimidación y violencia

Los periodistas en la red, los bloggers y los activistas en las redes sociales se enfrentan a amedrentamiento en forma de amenazas, ataques en las redes sociales, y la pérdida potencial de sus puestos de trabajo por parte de grupos civiles pro-gobierno.

Los periodistas han reportado que funcionarios públicos y miembros de los medios han sido despedidos luego de expresar opiniones controversiales en las redes sociales, sin estos casos haber sido juzgados ante los tribunales. Los usuarios en la red también han reportado casos de amedrentamiento a través de las redes sociales.

Ataques técnicos

Los medios nacionales han denunciado que son víctimas de intentos de ciber-ataque. El Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS) publicó un informe que muestra que miembros de los medios han sido atacados por intervenciones a sus cuentas de correo electrónico y redes sociales. Por otro lado, los críticos del gobierno han hackeado la cuenta de Twitter de funcionarios gubernamentales y de sitios informativos del Estado, tales como la televisora Venezolana de Televisión (VTV).

Evaluación de Freedom House:

Estado de la libertad en la red: Parcialmente libre
Puntuación total: 57 (0 mejor — 100 peor)
Obstáculos en el acceso: 17 (0 mejor — 25 peor)
Límites en el contenido: 18 (0 mejor — 35 peor)
Violaciones a los derechos de los usuarios: 22 (0 mejor — 40 peor)