De los bitcoins y la legalidad en Venezuela

Hace algunos días, la versión impresa (hoy desaparecida) del diario El Carabobeño reportó el arresto de dos personas en Valencia bajo la sospecha de delitos electrónicos, legitimación de capitales, asociación para delinquir y contrabando. ¿Por qué es importante? Pues porque lo que esas personas estaban haciendo, según informa el mismo SEBIN, era minar bitcoins.

En Venezuela no hay ley alguna que impida esa actividad, y por lo tanto, acogiéndose al principio según el cual aquello no especificado como prohibido está permitido, podemos decir que minar bitcoins es una actividad legítima en el país. Otra cosa es la normativa que hace ilegal cualquier transacción en una moneda diferente al bolívar y que le entrega al estado venezolano el control de cualquier divisa que pase por manos privadas. Y es aquí donde hay que empezar a hacer distinciones.

El bitcoin es una criptomoneda, es decir, es una moneda que posee características propias que la hacen muy particular:

    1. No tiene país de origen ni es controlada por entidad gubernamental alguna, así que no califica como “divisa”.
    2. Funciona como moneda, es decir puedes comprar y vender cosas.
    3. Es un protocolo. Es decir, una serie de códigos que permiten que hagas transacciones directas con otras personas que compran y venden como miembros de una red de pares, sin necesidad de que un banco o cualquier otra institución o gobierno medie y/o avale.
    4. Es un tejido de máquinas que garantizan que la base de datos permanezca descentralizada y donde las operaciones comerciales se hacen por consenso.

Las criptomonedas están recomendadas por la ONU y la CEPAL para su uso en el Caribe y hace un tiempo atrás el gobierno apoyaba la iniciativa mundial que plantea la posibilidad de una moneda virtual, sin más respaldo que su valor nominal, que se audita por los mismos minadores y se controla por un algoritmo (incluso VTV emitió un especial explicando su origen y alabando sus virtudes). Después de todo ¿qué puede ser más antiimperialista?

La falta de conocimiento en general sobre el mundo virtual, el entorno digital y los nuevos modos de mover valores, ya no físicos, sino virtuales (lo que es distinto que “imaginarios”) hace que acciones como la ocurrida se presten a confusiones. El marco legal venezolano existe, y aunque todavía falta mucho por discutir y hay aspectos que necesitan revisión, eso no quiere decir que lo prohibido dependa del parecer o los intereses de algún particular.

La idea de que actividades del entorno digital que no están prohibidas empiecen a ser criminalizadas bajo un criterio discrecional y no informado, resulta un precedente peligroso y corrompe el Estado de Derecho. ¿Quién determina entonces los límites de la legalidad?

_________________________________________________

Fuentes consultadas: