Apuntes al proyecto de Ley de Transparencia

El proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue aprobado en primera discusión en la Asamblea Nacional. Puedes leerlo aquí.

En meses pasados, la Coalición ProAcceso presentó ante la Asamblea un anteproyecto de Ley de Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información Pública, una iniciativa indispensable en la búsqueda de una mayor transparencia en el ejercicio de la gestión gubernamental y un nivel de participación ciudadana verdaderamente efectivo, que permita garantizar el cumplimiento de las responsabilidades por parte de los gobernantes en el ejercicio de sus funciones.

No obstante, tras una profunda revisión al texto del proyecto, nos gustaría dejar constancia de algunas observaciones, sobre las cuales quisiéramos iniciar un debate ciudadano, dado que es el momento oportuno para realizar modificaciones al texto y poder hacer de ésta la mejor ley de transparencia con la que podamos contar.

Apuntes al proyecto de Ley Orgánica de Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información Pública

  • Información personal y sensible y protección de datos personales

Observamos que el proyecto de ley adolece de protecciones precisas en lo que respecta al manejo y protección de datos personales, un aspecto que consideramos de suma relevancia, dado que los órganos de la administración pública (en particular en Venezuela) manejan vastas cantidades de información personal sobre los ciudadanos, información ésta que no se encuentra protegida por nuestra legislación en materia de privacidad, y sobre cuyo almacenamiento, manejo, intercambio y difusión no existen protecciones ni reglas. Si bien en algunos países (como Chile) la regulación sobre datos personales forma una normativa separada de la legislación sobre acceso a la información, en otros (como El Salvador) se integra en el mismo cuerpo legal, dado que los datos personales y sensibles que estén en poder de la Administración son considerados excepciones a la información pública.

Consideramos pertinente hacer de este texto una normativa comprehensiva, que responda verdaderamente a su carácter orgánico y contemple las previsiones necesarias sobre manejo de datos personales en manos de la Administración. Esto incluye, además, el establecimiento de mecanismos para que los titulares de los datos personales puedan solicitar a los entes obligados la información que sobre ellos es recabada, así como su rectificación, actualización, confidencialidad o supresión. Es pertinente mencionar que, si bien nuestro país cuenta con el mecanismo de habeas data, en la actualidad se lleva a cabo la recopilación masiva de datos proveniente de diversos orígenes (sistemas de información de distintos organismos como el SAIME y el SENIAT, captahuellas, bases de datos de electores), cuyos procedimientos de almacenamiento y protección de esa información no se encuentran sometidos a ninguna regulación, así como tampoco la potestad de estos órganos de compartir esta información de carácter personal entre sí.

Asimismo, hacemos notar que la definición y alcance del concepto de información personal resulta insuficiente, omitiendo información como domicilio, patrimonio, número telefónico, y en particular el ámbito referente al secreto profesional. Consideramos pertinente una revisión profunda del ámbito previsto en lo que respecta a la información personal.

  • Excepciones al derecho de acceso a la información

Es pertinente hacer notar que el artículo 12(5), referido a “información relacionada con patentes, derechos de autor y secretos comerciales” no contiene una definición con respecto a qué se considera dentro del ámbito de esta excepción, con lo cual genera un enorme campo ambiguo que se constituiría en una excepción al acceso.

  • Identificación del peticionario

El artículo 39 señala que no será necesario que en la solicitud de información se identifique al peticionario, lo que entra en colisión con la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en su artículo 49, cuya derogatoria no se encuentra contemplada en las disposiciones transitorias de la normativa propuesta.

  • Información no disponible

En vista de que la inexistencia de la información solicitada se constituye en una excepción a la obligación de proveerla (art. 40), consideramos pertinente que se prevea en las sanciones la causal de destrucción de información (art. 72) tal como está previsto en otras legislaciones similares.

  • Agotamiento de la vía administrativa

Nos gustaría llamar la atención sobre la redacción del artículo 43, en el cual se señala que el procedimiento de solicitud de información agota la vía administrativa, pues en nuestra opinión la redacción es imprecisa, al ser el procedimiento ante el Consejo el que agota la vía administrativa de acuerdo con el texto del proyecto. De no ser así, significando entonces que se permite la acción judicial simultánea al procedimiento ante el Consejo, nos parece que esto debe indicarse con mayor claridad.

  • Datos abiertos

Si bien el proyecto de ley asume como lineamiento central el principio de acceso y como guía el gobierno abierto, sus parámetros de liberación de datos son insuficientes, dejando incluso en manos de los propios órganos sujetos a la ley el establecimiento de normas técnicas y formatos para la presentación de información (art. 87). Este criterio nos parece inaceptable, y rogamos que se incluyan en la ley estándares de datos abiertos para la publicación de esta información, incluyendo los formatos aceptables para que la información sea considerada abierta. En este sentido, nos permitimos recordar que según los estándares internacionales en materia de gobierno abierto, los datos se consideran abiertos cuando pueden ser accesibles en línea para su uso, reutilización y redistribución por cualquier persona, sin restricciones de acceso, y a la vez son gratuitos, no discriminatorios, oportunos, permanentes, primarios, legibles por máquinas, en formatos abiertos y de libre uso.

  • Información mínima o transparencia activa

Recomendamos una revisión al artículo 89, con la finalidad de asegurarnos de que no ha sido dejada por fuera información importante, como por ejemplo, la que respecta a los salarios de los funcionarios públicos y de sus declaraciones de renta ante el SENIAT y la Contraloría General, en particular de aquéllos en cargos de dirección y confianza. Nos parece pertinente recordar que esta información ha sido oficialmente negada en el pasado, y que constituye un aspecto importante del deber de transparencia activa.

Observaciones de forma

  • Información pública

Hacemos notar que el texto del proyecto de ley contiene dos definiciones diferentes de información pública (artículos 5 y 8), lo que desde el punto de vista de la técnica legislativa se presta a ambigüedades que pueden dar lugar a aplicaciones erradas de la ley.

  • Disposiciones transitorias

Las disposiciones transitorias décimo sexta y décimo séptima no se encuentran en el texto.