Reporte: El estado del derecho a la privacidad en Venezuela

La privacidad y la vigilancia son temas que se encuentran en debate en todo el mundo, en particular en países como Estados Unidos, donde gracias a informantes como Edward Snowden se ha hecho pública la existencia de una inmensa inversión presupuestaria en aparatos estatales de vigilancia masiva. Sin embargo, otros países de menor atractivo internacional, como Venezuela, ejercen controles importantes sobre las comunicaciones y los datos personales de sus ciudadanos. Es en este escenario en el cual, junto a Privacy International y la clínica jurídica de Harvard, presentamos el reporte sombra sobre el estado de la privacidad en Venezuela para la Revisión Periódica Universal de Naciones Unidas, a llevarse a cabo durante este año 2016.

El reporte analiza una serie de circunstancias relevantes en torno al derecho a la privacidad, como el surgimiento de la figura de “patriotas cooperantes” (informantes anónimos que ofrecen información al gobierno con respecto a las actividades de ciudadanos opositores), o el uso de tecnologías biométricas para la compra de alimentos y medicinas. Algunos de los aspectos que se incorporan en el reporte no forman parte del debate nacional en torno a la privacidad, como por ejemplo, la exigencia de entregar la cédula de identidad, las huellas digitales y una serie de datos personales al momento de adquirir una línea telefónica. Los estándares locales para la intervención de comunicaciones privadas no cumplen con los principios de necesidad y proporcionalidad, ni con las garantías judiciales exigidas por la normativa internacional. Asimismo, se analizan los casos de personas arrestadas con base en información proporcionada por “patriotas cooperantes”, como Rodolfo González, quien tomó su propia vida en prisión en marzo de 2015.

Del mismo modo, las leyes que regulan la vigilancia de las comunicaciones en Venezuela se quedan cortas en relación con los estándares internacionales (los Principios Internacionales sobre la Aplicación de los Derechos Humanos a la Vigilancia de las Comunicaciones, desarrollados por una coalición de orgaizaciones del sector civil en el año 2013). La carencia total de legislación que proteja los datos personales de los ciudadanos es considerada también una omisión fundamental en el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos. Por otra parte, una serie de organismos a quienes se les han concedido amplias y ambiguas potestades sobre las bases de la “seguridad nacional” poseen capacidades de vigilancia de las comunicaciones, y se encuentran sometidos a controles escasos e insuficientes por parte de los órganos jurisdiccionales.

Entre las recomendaciones que el informe recoge se encuentran una reforma sustancial del marco legal que regula la vigilancia de las comunicaciones, así como la creación de normativa en materia de protección de datos personales; la prohibición de la figura de los “patriotas cooperantes”, la eliminación de requisitos adicionales para la compra de tarjetas SIM, y la reevaluación de la utilización actual del uso de tecnologías biométricas. El informe completo, en inglés, puede leerse aquí.