El “carnet de la patria” y la insaciable sed de datos del gobierno venezolano

En medio de la vorágine noticiosa que genera la crisis venezolana, el gran tema de febrero parece haber sido la instauración del llamado “carnet de la patria“, un segundo documento de identidad que, sin reemplazar oficialmente a la cédula de identidad, pretende convertirse en la llave que daría acceso a los ciudadanos a la compra de alimentos básicos, en un contexto donde el desabastecimiento de estos productos ha llegado a alcanzar cifras (no oficiales) en torno al 60%.

No entraremos a analizar los problemas de índole sociopolítica representados en el hecho mismo de que se requiera a los ciudadanos una identificación especial para poder acceder a la compra de productos básicos. El tema que nos ocupa en este momento es el hecho de que el sistema en torno al carnet de la patria viene a constituir una base de datos adicional, incluso más amplia que las preexistentes, en la que el Estado venezolano recopila y consolida la información personal de sus ciudadanos. Para obtener el carnet de la patria, cada ciudadano debe proporcionar no solo datos básicos como su domicilio y su fecha de nacimiento, sino información innecesaria para estos propósitos, como su nivel de instrucción, o si tiene mascotas, e información social y política, como su pertenencia o militancia a un determinado partido. Aunado a ello, el carnet incorpora información biométrica sobre el ciudadano, lo cual constituye un punto adicional de información que evidencia el cruce de esta base de datos con otras preexistentes, en particular la del sistema alimentario instaurada en 2015.

Tal como hemos advertido en relación con la implementación del sistema biométrico, este tipo de prácticas del Estado venezolano representa un doble riesgo: en primer lugar, el potencial de cruce de esta información con otras bases de datos que están en poder del Estado, como los registros electorales, del seguro social o del sistema de identificación, migración y extranjería. A las pocas semanas de implementado el sistema, existen ya denuncias sobre personas a quienes se les habría negado el pasaporte por no poseer el carnet de la patria, un documento que no es obligatorio bajo ninguna previsión legal. En segunda instancia, la inexistencia de legislación en materia de protección de datos personales acarrea como consecuencia una carencia absoluta de estándares de seguridad en torno a la preservación y manejo de estos datos, en un país en el cual los sistemas de identidad no poseen los estándares de seguridad mínimos (sin ir más lejos, recordemos que el sistema de extranjería aún almacena y transmite las contraseñas de los usuarios en texto plano). ¿Qué mecanismos de seguridad incorpora el carnet de la patria para impedir que los datos de los usuarios puedan ser extraídos por terceros? No está a disposición de los ciudadanos ningún mecanismo para garantizar su derecho a la privacidad en este contexto.

Una vez más, el riesgo de este tipo de sistemas, en particular de aquellos que incorporan información biométrica, es su capacidad para ser usados con fines de vigilancia. Intentar comprender la cantidad de datos que posee el gobierno venezolano sobre cada uno de nosotros resulta abrumador: por cada compra que hacemos, los comercios retienen nuestros datos biométricos y personales, una enorme cantidad de información relativa a la transacción, los proveedores de telefonía almacenan nuestra ubicación geográfica, los metadatos de nuestras comunicaciones; y aparentemente ahora, en cada interacción con el Estado venezolano, éste quiere saber incluso si tenemos perro o prótesis dentales. No tenemos ninguna manera de saber si estos mecanismos se encuentran interconectados, ni qué alcance tiene un determinado organismo estatal sobre ellos. El sistema de vigilancia perfecto, ya lo dijo Bentham, es aquel donde no tenemos manera de saber en qué momento estamos siendo vigilados.

Por último, cabe señalar que el punto publicitario del gobierno en torno a la tecnología del carnet de la patria parece ser el uso de códigos QR, una tecnología obsoleta que incorpora un valor añadido muy marginal. Un código QR no es más que la representación visual de una dirección URL; en el caso del código del carnet de la patria, únicamente sirve para que un proveedor o funcionario público lo escanee con un dispositivo móvil y sea redireccionado a https://carnetdelapatria.gob.ve/, la base de datos donde podrá verificar toda la información personal del usuario. Este mismo procedimiento puede llevarse a cabo simplemente introduciendo el número de identificación del usuario en dicha base de datos; si algo hace el código QR es, quizás, ahorrarte un clic.

La verdadera pregunta que necesitamos hacernos es quién recaba y maneja esta información, y con qué fines. En algunos lugares, el registro del carnet de la patria es llevado a cabo por los consejos comunales, es decir, personas comunes y corrientes tienen la responsabilidad de manejar estos datos personales y de acceder a la inmensa base de datos construida con ellos. La brecha de seguridad en este sistema es tan grande que no alcanzamos a ver la roca. El Estado venezolano, como es su costumbre, entrega solo la información que le interesa y le conviene en torno a la implementación de este sistema, y a los ciudadanos no les queda otra opción sino irse enterando de las cosas a medida que suceden, bajar la cabeza y entregar su privacidad a cambio de un paquete de azúcar.